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El genocidio del que se había dejado de hablar

Redacción

BBC Mundo

 Domingo, 19 de mayo de 201

Los sucesos de la historia contemporánea guatemalteca siguen dividiendo al país. Los indígenas ixiles tuvieron que esperar más de 30 años para poder dar testimonio del capítulo más doloroso de su historia ante un tribunal de justicia de Guatemala. Pero ni todo el tiempo del mundo habría podido mitigar el horror de lo que tenían para contar.

A lo largo de diez días, en el marco del juicio que culminó hace una semana con la condena por genocidio del ex presidente Efraín Ríos Montt, un centenar de testigos – fundamentalmente mujeres – dio cuenta de la violencia ejercida desde el Estado en contra de este pueblo maya entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Y el suyo fue –en palabras del periodista salvadoreño Carlos Dada, quien cubrió el juicio para el periódico digital El Faro– un relato lleno de "niñas apuñaladas en el cuello, bebés asesinados por soldados que estrellaron sus cabezas o atravesaron sus cuerpos con bayonetas, familias enteras amarradas en viviendas a las que soldados prendieron fuego".

Los indígenas ixiles lograron sentar al ex presidente de Guatemala en el banquillo de los acusados.

Fue un relato de "hombres asesinados y luego cortados en pedazos; niños muertos a machetazos en el rostro; mujeres y niñas violadas; indígenas obligados a asesinar a otros (indígenas)", en el que tampoco faltaron "aldeas enteras desaparecidas; bloqueo de alimentos y quema de milpas", ni desplazamientos masivos, ni tierras abandonadas.

Todo, parte de una historia sobre la que Guatemala, y el mundo, ya habían escuchado hablar antes.

Una historia, sin embargo, sobre la que se había dejado de hablar.

Sólos

Efectivamente, de la violencia contra de los ixiles –uno de los 22 pueblos mayas que en su conjunto conforman aproximadamente la mitad de la población de Guatemala– ya habían dado cuenta el informe del proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), en 1998.

"Es parte del racismo estructural, del racismo histórico y del racismo ideológico, que lleva a minimizar lo ocurrido, a querer desconocer y ocultar"

Rosalina Tuyuc, Conavigua

Y, un año después, también hizo lo propio la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas (CEH).

Ambos reportes, publicados poco después de la firma de los acuerdos de paz, documentaron exhaustivamente las atrocidades cometidas en el marco del conflicto armado guatemalteco, que se prolongó de 1960 a 1996.

Y las masacres que eventualmente le valieron al general Ríos Montt una condena de 80 años de cárcel ya se mencionaban ahí.

Los 1.771 ixiles asesinados durante el mandato del gobernante de facto, sin embargo, apenas eran una gota de agua en el mar de violencia que azotó a Guatemala dejando 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en su inmensa mayoría indígenas caracterizados por los gobiernos de turno como colaboradores de la guerrilla de izquierda que intentaba hacerse con el control del país.

Y en los primeros años de la paz, el intentar arrojar luz sobre este oscuro período de la historia guatemalteca fácilmente podía resultar en una sentencia de muerte, como evidencia el asesinato del director del REMHI, monseñor Juan José Gerardi, dos días después de la publicación del informe "Guatemala: Nunca más".

"Yo creo que el Estado, y los medios de comunicación, que fueron callados e intimidados, nunca le dieron cobertura real a lo que pasó en nuestro país", le dijo a BBC Mundo Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA.

"Entonces la verdad de la mayoría de las comunidades que fueron afectadas sólo se quedó en su corazón, en su cabeza. Y fueron muy pocos los que las acompañaron en su búsqueda de justicia", agregó.

Racismo

Esa búsqueda de la justicia también se vio afectada por la falta de interés de una instituciones del Estado que entre 2000 y 2004 estuvieron controladas por el partido del propio Ríos Montt, y sobre las que siempre pesó la influencia tanto del ejército como de una élite económica poco dispuesta a reconocer su complicidad.

La mayor parte de las víctimas del conflicto armado fueron indígenas.

Y, para Tuyuc, el hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas – el 83%, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico – fueran indígenas, también ayuda a comprender que la tragedia del pueblo maya nunca fuera objeto de un verdadero debate nacional.

"Es parte del racismo estructural, del racismo histórico y del racismo ideológico, que lleva a minimizar lo ocurrido, a querer desconocer y ocultar, y hasta a decir inclusive: por qué no fueron exterminados los indios, si solamente son una carga para el Estado", explicó Tuyuc, quien pertenece al pueblo Maya Kaqchikel.

"Ese tipo de expresión demuestra que efectivamente hay dos Guatemalas: la Guatemala urbana, ladina, y la Guatemala rural, campesina, indígena, que está sumida en la pobreza, en el analfabetismo y la desnutrición", aseguró.

Ese problema es reconocido también por Jacobo Bolvito, comisionado presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala.

"Un alto porcentaje de los desaparecidos, de los desplazados, de lo muertos en el conflicto armado provenía de los pueblos indígenas de Guatemala. Y ese resultado nos da a entender que obviamente hubo un racismo de por medio", le dijo Bolvito a BBC Mundo.

"Y al día de hoy los efectos del racismo, las consecuencias del racismo, las vemos en que los indicadores de desarrollo humano en los pueblos indígenas son realmente lamentables", agregó.

Camino por recorrer

Efectivamente, según cifras del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, mientras aproximadamente siete de cada diez indígenas guatemaltecos viven en situación de pobreza, el porcentaje de ladinos (mestizos) pobres es de apenas el 36%.

"Al día de hoy los efectos del racismo, las consecuencias del racismo, las vemos en que los indicadores de desarrollo humano en los pueblos indígenas son realmente lamentables"

Jacobo Bolvito, Codisra

Y la exclusión económica también tiene su expresión política, pues en el Parlamento guatemalteco solamente hay 21 diputados indígenas (sobre un total de 158), a pesar de que los habitantes de los pueblos originarios constituyen aproximadamente la mitad de la población.

Y si bien la situación empezó a mejorar un poco en la medida que se fueron implementando los acuerdos de paz, todos en Guatemala reconocen que aún queda mucho camino por recorrer.

"Por un lado está muchas veces aprobar una ley, para dar esa apariencia de buena voluntad. Sin embargo al momento de concretizar la operativización, resulta que no hay voluntad política y mucho menos presupuesto", le dijo a BBC Mundo Marta Matzir, coordinadora de la asociación maya Uk’u’x B’e.

Y para Lolita Chávez, vocera del Consejo de Pueblos K'iche', los avances conseguidos por el pueblo maya en la búsqueda de justicia y el reconocimiento de sus derechos no son tanto el resultado de una concesión del Estado como un producto de su cada vez mejor organización.

"Los pueblos hemos seguido caminando, no nos hemos quedado estáticos, sino que hemos estado en movimiento, hemos generado fortalezas", le dijo a BBC Mundo.

Y Rosalina Tuyuc parece coincidir.

"Todos los espacios que se han abierto hasta ahora son también herencia o resultado de los 200.000 muertos que dio nuestro país. Y por lo tanto hay que luchar para mantener esos espacios y denunciar a todos los que no han querido reconocer a la otra Guatemala", dijo la fundadora de CONAVIGUA.

"No podemos volvernos a callar", concluyó.

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EDITORIAL

EL ABUSO ES DELITO

Hay algunos políticos que creen que cuando son elegidos, pueden hacer lo que les viene en gana. Esto paso con los alcaldes que quieren convertir a sus jurisdicciones en su chacra, pensando que pueden hacer lo que les viene en gana, y que no tienen que respetar la Ley.
Un caso típico es el que ocurre en el distrito Samuel Pastor  de Camaná donde el alcalde Antonio Meneses cree que puede desconocer la Ley, cree que puede desconocer los resultados de una elección popular, y que por tanto puede estar sobre el alcalde provincial, sobre el Jurado Nacional de elecciones y sobre la ONPE.
Una nota aparecida en un diario de circulación regional afirma que en una reunión con sus regidores habría decidido anular el proceso electoral en el Concejo Menor de la Punta y Balnearios donde fue electo bajo la supervisión dela ONPE como alcalde el Sr. Gerardo Pastor Perea.
Pero no solo eso. Sino que pese a que la Corte Suprema ha determinado que no procede su solicitud de desactivación del Concejo Menor, sigue asumiendo atribuciones que no le competen, configurándose un presunto delito de autoridad.
Lo peor de todo es que piensa que como hemos dicho que Camaná es un Pueblo sin Ley no hay que respetarla y abiertamente la enfrenta y la desacata.
No sabemos qué esperan el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público, para intervenir a este Burgomaestre, denunciarlo  y poner freno  a este entuerto.

Ojala que las autoridades despierten y detengan los afanes dictatoriales  porque son un mal ejemplo para la democracia, la constitución y la Ley.


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